Revista Social Fronteriza ISSN: 2806-5913 | doi: 10.59814/resofro.2024.4(2)e210
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Artículo de investigación
Comunicación, Transparencia de la información y Participación
Ciudadana en la gestión de la Universidad Estatal Amazónica:
Estudio de caso de Transparencia y Participación Ciudadana en
la multiplataforma de la Universidad Estatal Amazónica.
Communication, Transparency of information and Citizen Participation in the
management of the Amazonian State University: Case study of Transparency and
Citizen Participation in the multiplatform of the Amazonian State University.
Ronald Sebastián Beltrán Cushcagua
Universidad Politécnica Salesiana – Sede Quito, Quito, Ecuador, rs.beltranc@uea.edu.ec, 0009-0000-7041-
9868
Mercy Gabriela Ávalos López
Universidad Politécnica Salesiana – Sede Quito, Quito, Ecuador, mercy32avalos@hotmail.com 0009-0000-
7964-712X
Autor de Correspondencia: Ronald Sebastián Beltrán Cushcagua , rs.beltranc@uea.edu.ec
INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO
Recibido: 08 febrero 2024 | Aceptado: 23 marzo 2024 | Publicado online: 29 marzo 2024
CITACIÓN
Beltrán-Cushcagua, R., y Ávalos López, M. Comunicación, Transparencia de la información y Participación Ciudadana en la gestión de la
Universidad Estatal Amazónica: Estudio de caso de Transparencia y Participación Ciudadana en la multiplataforma de la Universidad Estatal
Amazónica., 2024 Revista Social Fronteriza 2024; 4(2): e210. https://doi.org/10.59814/resofro.2024.4(2)210
Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0.
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RESUMEN
El presente artículo analiza los niveles de transparencia de la información que se publica en la
multiplataforma de la Universidad Estatal Amazónica, ubicada en el cantón Puyo, provincia de Pastaza,
aplicando la metodología del Mapa Infoparticipa, que consiste en la evaluación de la página web con
indicadores que miden la calidad de la información. El estudio aborda teóricamente los conceptos de
transparencia, acceso a la información pública, participación ciudadana, rol de la ciudadanía en el control
de la democracia, desde la perspectiva de varios teóricos y el marco legal ecuatoriano: LOTAIP, Ley
Orgánica de Participación ciudadana, Constitución de la República. Evidencia el grado de cumplimiento
de la transparencia de la información y los mecanismos de participación ciudadana dentro de la gestión de
la institución, así como los niveles de satisfacción de estudiantes, docentes y personal administrativo sobre
la información publicada en los espacios digitales, considerando que la ciudadanía tienen el derecho de
ejercer el control social sobre la inversión de los recursos públicos para el bienestar común, previniendo y
evitando la corrupción en las instituciones públicas.
Palabras clave: Transparencia, Participación ciudadana, Acceso a la información, Corrupción,
Democracia
ABSTRACT
This article analyzes the levels of transparency of the information that is published on the multiplatform
of the Amazon State University, located in the Puyo canton, province of Pastaza, applying the Infoparticipa
Map methodology, which consists of the evaluation of the website with indicators that measure the quality
of the information. The study theoretically addresses the concepts of transparency, access to public
information, citizen participation, the role of citizens in the control of democracy, from the perspective of
several theorists and the Ecuadorian legal framework: LOTAIP, Organic Law of Citizen Participation,
Constitution of the Republic. It demonstrates the degree of compliance with the transparency of
information and the mechanisms of citizen participation within the management of the institution, as well
as the levels of satisfaction of students, teachers and administrative staff regarding the information
published in digital spaces, considering that the Citizens have the right to exercise social control over the
investment of public resources for the common well-being, preventing and avoiding corruption in public
institutions.
Keywords: Transparency, Citizen participation, Access to information, Corruption, Democracy
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1. Introducción
La La pandemia por COVID 19 ha evidenciado cómo los representantes políticos ocultan la
información que es requerida por periodistas, organizaciones y ciudadanía en general, para
conocer los niveles de gestión y manejo de recursos por parte de las instituciones públicas.
Esta realidad concuerda con las denuncias que realizan los periodistas frente a la negativa de
la entrega de información por parte de Ministerios y entidades del gobierno que manejan
grandes recursos del Estado.
El oscurantismo en temas de información pública en América Latina es evidente. En
Venezuela, el 79% de periodistas denuncian difícil acceso a la información pública, de
acuerdo a la Voz de América (2014); mientras que en Guatemala el gremio periodístico acusa
censura por parte del Gobierno. En Ecuador, en la publicación de Fundamedios (2020), del
13 de marzo, se detalla la denuncia de la periodista María Sol Borja, quien a través de Twitter
indicó: “No sé si a mis colegas les pasa lo mismo, pero qué difícil es el acceso a la
información en las entidades públicas, incluso apelando a Ley de Transparencia”. Casos
como estos se repiten en la región, lo que demuestra que la existencia de la ley no garantiza
el derecho al acceso a la información.
De acuerdo a estudios realizados por Transparencia Internacional sobre el índice de
percepción de la corrupción (IPC), a 180 países, en áreas como sobornos a funcionarios
públicos, sobornos en la contratación pública, malversación de fondos públicos y eficacia de
los esfuerzos anti-corrupción de los gobiernos, Uruguay es percibido como el país menos
corrupto de América Latina y el Caribe en 2021, con un puntaje de 73, seguido de Chile;
mientras que Venezuela (15 puntos), Haití (18) y Nicaragua (22) se llevan el peor puntaje en
la percepción sobre corrupción (Pasqualli, 2021).
En Ecuador, en los últimos años, se ha evidenciado un crecimiento exponente en la
corrupción. A raíz de la emergencia sanitaria por COVID 19 salieron a la luz un sinnúmero
de denuncias relacionadas con la adquisición de equipos de bioseguridad, insumos médicos
y bienes adquiridos para enfrentar el problema de salud pública.
En un informe presentado por el Observatorio de derechos y justicia, basados en la
información del Sistema Nacional de Contratación Pública y documentos emitidos por la
Contraloría (Medranda, 2017)a General del Estado, detalla los casos denunciados en el estado
de excepción: Caso mascarillas N95 – Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Caso
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Hospital Eugenio Espejo, Caso Hospital Los Ceibos, Caso Hospital General del Guasmo Sur,
Caso Hospital Teodoro Maldonado Carbo, Caso Hospital Docente de Ambato, CASO
HOSPITAL DOCENTE DE LA POLICIA NACIONAL, Caso kits de alimentos – Secretaría
Nacional de Gestión de Riesgos, Caso Municipio de Quito, Caso Prefectura de Pichincha, y
otros de la red de salud pública (2020). El sistema de justicia formuló cargos a varios
implicados en algunos de los casos señalados, mientras que en otros se ordenó la suspensión
de las investigaciones, dejando en evidencia la falta de celeridad en la investigación de delitos
como peculado, concusión y tráfico de influencias cometidos en estas entidades públicas.
Las Universidades, instituciones cercanas a la juventud presentan problemas en lo
relacionado al acceso a la información, pues sus plataformas digitales no garantizan el
derecho de los ciudadanos al acceso a la información sobre el destino de los recursos
asignados por el Estado y otros ingresos. Sin embargo, en la comunidad universitaria también
existe desconocimiento respecto de la existencia de la Ley de transparencia y acceso a la
información pública; por lo que la exigencia en cumplimiento de este derecho es reducida.
En esta investigación se pretende conocer sobre la comunicación y la transparencia de la
información en la Universidad Estatal Amazónica, a través de las multiplataformas y la
participación ciudadana, para evidenciar el grado de cumplimiento de los mecanismos de
participación ciudadana y acceso a la información pública por parte de los responsables de
esta. Para ello se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿la Universidad Estatal
Amazónica cumple con la transparencia y participación ciudadana?
Las instituciones públicas están obligadas a proporcionar y transparentar la información
sobre el destino de los recursos, según demanda la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso
Público (LOTAIP) en su artículo 7; mientras que los ciudadanos tienen el derecho de exigir
y participar en la gestión de los recursos públicos.
MARCO TEÓRICO REFERENCIAL
Transparencia de la información en la gestión pública
La transparencia se relaciona con el derecho esencial a la participación democrática e incluye,
además de la prevención de la corrupción, la información sobre las actuaciones y decisiones
políticas para que puedan ser conocidas y evaluadas, y la provisión de información veraz a
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la ciudadanía y a los medios de comunicación (Bertot, Jaeger, & Grimes, 2010). La sociedad
moderna demanda a las autoridades mayor información sobre el destino de los recursos; datos
que deben ser claros, completos y veraces para el escrutinio público.
Para Martínez Loredo (2016) “la transparencia es un principio democrático que consiste en
mostrar los asuntos públicos; es decir, es la práctica de colocar la información en la “vitrina
pública” (pág. 14). La transparencia estaría definida como un ideal democrático que obligaría
a las administraciones públicas a hacer accesible para la ciudadanía toda información de
interés general, considerando que es la propia ciudadanía la que financia los recursos
utilizados por las administraciones y que, por tanto, tiene el derecho a saber cómo se utilizan
(Gandía, Marrahí, & Huguet, 2016).
La transparencia, surgida de la desconfianza ciudadana hacia los gobernantes debido a
escándalos de corrupción, ahora se erige como un indicador crucial de calidad en la gestión
pública. La cantidad de información disponible permite a la sociedad comprender mejor la
realidad y participar en la toma de decisiones para el bien común. En esencia, la transparencia
implica exponer a los ciudadanos información relevante sobre el uso de los recursos,
permitiéndoles supervisar su destino y tomar decisiones que fortalezcan la democracia,
fomenten la participación y promuevan el desarrollo equitativo de las comunidades.
El rol de la ciudadanía en la construcción de la democracia
Al ser el Ecuador un país regido bajo los principios de la democracia, la soberanía radica en
el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos
del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución de la
República (2008). De ahí que el ciudadano tiene derecho a integrar los espacios de
participación previstos en la Carta Magna.
“La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho que
se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y
comunitaria”; según los establece la Ley Orgánica de Participación Ciudadana (2011) , en su
artículo 4. En ese sentido, se establece que la planificación del Estado ecuatoriano debe ser
participativa para que los ciudadanos puedan ejercer el control social y que las entidades
rindan cuentas sobre el manejo de los fondos públicos de manera periódica; para garantizar
el ejercicio de los derechos de participación ciudadana y la lucha contra la corrupción en las
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instituciones públicas.
La responsabilidad y la rendición de cuentas se ha definido como un elemento básico del
buen gobierno en las sociedades democráticas, que implica que los gestores de la
administración han de poder ser evaluados a partir de sus decisiones y acciones, para prevenir
el mal uso del poder y otras formas de comportamientos inapropiados (Cameron, 2004). Si
bien, los mecanismos de participación serían una herramienta para evitar la corrupción en el
manejo de los recursos públicos, lejos está la sociedad de conseguir la anhelada transparencia
ya que los entes estatales buscan la manera de ocultar información y “limpiar” los
documentos que evidencian el manejo oscuro de los bienes y recursos del pueblo.
“La participación ciudadana tiene una significativa vinculación con la legislación
internacional de los Derechos Humanos, debido a que una participación activa limita los
excesos y abusos del poder.” (Páez, M., & Rodríguez, 2018, pág. 18). El pueblo es el
soberano, tiene el derecho y la obligación de controlar a sus mandantes, a sus representantes
políticos, a sus autoridades, evitando que el poder conferido sea utilizado para fines ajenos
al bien común.
La legalidad de la transparencia
En el año 2004 fue aprobada, en nuestro país, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, con el fin de garantizar el acceso a la información pública como un
derecho consagrado en la Constitución.
En el artículo 4 de la LOTAIP, correspondiente a los principios de la ley, se establece:
a) La información pública pertenece a los ciudadanos y ciudadanas. El Estado y las
instituciones privadas depositarias de archivos públicos, son sus administradores
y están obligados a garantizar el acceso a la información.
e) Garantizar el manejo transparente de la información pública, de manera que se
posibilite la participación ciudadana en la toma de decisiones de interés general y la
rendición de cuentas de las diferentes autoridades que ejerzan el poder público.
(Congreso Nacional, 2004, pág. 3)
Mientras tanto, en el art. 7, determina los parámetros para la difusión de la información, de
tal manera que el ciudadano pueda ser informado correctamente y sin confusiones, señalando
que:
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Por la transparencia en la gestión administrativa que están obligadas a observar todas
las instituciones del Estado que conforman el sector público en los términos del
artículo 118 de la Constitución Política de la República y demás entes señalados en
el artículo 1 de la presente Ley, difundirán a través de un portal de información o
página web, así como de los medios necesarios a disposición del público,
implementados en la misma institución (…). (Congreso Nacional, 2004, pág. 4)
Lo interesante de este texto, según Medranda Morales (2017), es que combina el acceso a la
información con una calidad de la misma, es decir que no basta con publicar información,
sino que ésta debe ser fácilmente accesible para las personas. Esto implica una calidad en la
información. Es de esta manera que la ciudadanía tendría una posibilidad real de mantenerse
informada del quehacer de las entidades públicas y, por ende, participar de manera más
efectiva (págs. 36-37). Si bien esta normativa representa un avance en el goce de los derechos
ciudadanos y la participación, su existencia, en sí, no garantiza el cumplimiento de las
obligaciones de las entidades públicas y el derecho de los ciudadanos; pues es una ley con
poca incidencia y aplicación en el Ecuador.
Transparencia de la información en las instituciones educativas
La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su art. 8 Promoción
del Derecho de Acceso a la Información, establece:
Todas las entidades que conforman el sector público en los términos del artículo 118
de la Constitución Política de la República y demás entes señalados en el artículo 1
de la presente Ley, implementarán, según sus competencias y posibilidades
presupuestarias, programas de difusión y capacitación dirigidos tanto a los servidores
públicos, como a las organizaciones de la sociedad civil, con el objeto de garantizar
una mayor y mejor participación ciudadana en la vida del Estado.
Las universidades y demás instituciones del sistema educativo desarrollarán
programas de actividades de conocimiento, difusión y promoción de estos derechos
(…) a la información y comunicación, particularmente de los accesos a la información
pública, hábeas data y amparo (Congreso Nacional, 2004, pág. 5).
Mientras tanto, la Ley Orgánica de Educación Superior, en su Art. 27, correspondiente a la
Rendición de cuentas, decreta que:
Las instituciones que forman parte del Sistema de Educación Superior, en el ejercicio
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de su autonomía responsable, tienen la obligación anual de rendir cuentas a la
sociedad, sobre el cumplimiento de su misión, fines y objetivos. La rendición de
cuentas también se lo realizará ante el Consejo de Educación Superior. (ASAMBLEA
NACIONAL DEL ECUADOR, 2010, pág. 18)
De estos cuerpos normativos, se desprende la obligatoriedad de las instituciones del sector
público de transparentar la información correspondiente a su gestión, lo que conlleva a la
participación de la ciudadanía en los asuntos públicos. Este involucramiento en las políticas
públicas asegura el derecho de los ciudadanos a ser parte, incidir, opinar y contribuir en la
formulación de las mismas y el manejo transparente de los recursos (CONSEJO DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL , 2014).
Por consecuencia, las instituciones de educación superior tienen la oportunidad de instruir a
los ciudadanos para el ejercicio pleno de sus derechos a la participación y al acceso a la
información pública, a través de sus plataformas digitales, en concordancia con la normativa
ecuatoriana.
Así también, Medranda (2017) considera que las páginas webs de las instituciones públicas
tienen la posibilidad de convertirse en fuentes de información para los medios de
comunicación y ciudadanía en general, y sobre lo que sucede en la política, en el Estado, en
los gobiernos locales y en los gobiernos de las regiones (pág. 19). Son estos espacios lo que
pueden afianzar la transparencia en el acceso a la información, pues ésta supone el
reconocimiento del derecho de los ciudadanos a participar, a conocer sobre el manejo de la
administración pública y a ser parte de control y prevención de la corrupción; pues los hechos
oscuros e ilícitos quebrantan la democracia e inciden en el estancamiento del crecimiento
económico y progreso de las sociedades (Molina & Medranda, 2018).
Con el fin de explicar la idea de progreso mediante la participación ciudadana, Subirast
(2009) sostiene: “La política tiene como objetivo configurar un horizonte común de sentido
en el que se articule las expectativas individuales con el progreso colectivo” (pág. 21), es
decir que las autoridades deben ir a la esencia misma de la política: el bien común, para
incluir en la planificación y ejecución de sus proyectos y obras las aspiraciones de los
ciudadanos, que en su conjunto promuevan el desarrollo general de comunidades, grupos o
instituciones.
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3. Metodología
Con El presente estudio se aborda desde un enfoque mixto de investigación ya que se emplean
herramientas o métodos cualitativos y cuantitativos con la finalidad de recabar información
relevante sobre la transparencia de la información que se publica en las multiplataformas de
la Universidad Estatal Amazónica, así como medir los niveles de participación ciudadana a
través de estos espacios de comunicación. Para Barrantes (2014), “la riqueza de este tipo de
investigación, consiste en aprovechar las fortalezas y bondades que brinda cada enfoque, lo
que puede contribuir a disminuir los posibles sesgos y a su vez fortalecer el proceso
investigativo” (pág. 100).
La investigación tiene como objeto de estudio la página web y la FanPage de la Universidad
Estatal Amazónica, con el objetivo de evidenciar el grado de cumplimiento de la Ley
Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
En relación a lo cualitativo, se ha aplicado entrevistas semiestructuradas a cuatro personas,
tres vinculadas con el tema del acceso a la información pública, y una correspondiente al
grupo de estudiantes de la institución.
En referencia a lo cuantitativo, la investigación se centra en la metodología del Mapa
Infoparticipa, una plataforma interactiva “que consiste en una serie de indicadores que
permiten evaluar las páginas webs de los municipios según criterios establecidos y
determinar los índices de transparencia de su gestión” (Medranda, 2017, pág. 4), aplicada en
Ecuador sobre la base de la Constitución del 2008 y la Ley de Transparencia y Acceso a la
información pública (LOTAIP).
Para la presente investigación se considera los temas de participación y bloque económico,
adaptados a la institución educativa por ser una entidad pública que recibe fondos del Estado.
Bloque: económico
¿Cómo se gestionan los recursos económicos: presupuestos, salarios, contrataciones,
subvenciones?
Bloque: participación
Información para la participación
¿Qué herramientas se ofrecen para la participación ciudadana?
Es importante señalar que la evaluación parte de si la información existe se califica con 1 y
si la información no existe, se califica con cero (0).
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Asimismo, en el proceso investigativo se realizó el análisis de contenido de 10 post,
seleccionados de forma aleatoria, de la página de Facebook de la Universidad Estatal
Amazónica, del 13 de febrero al 13 de marzo de 2024, siguiendo el modelo de análisis de
post de Romero y Medranda:
Tabla. Modelo de análisis de post en Facebook
Post: ¿Quieres participar en
el Reconocimiento “Quito
Sostenible e Inclusivo
2021”?
Reacciones y compartidos
Análisis de post y
comentarios
Fecha: 31/05/2021
N. de comentarios: 1 No.
de compartido: 6
Tipo de post: video
Tonalidad del mensaje:
interés social
Emisor: Municipio de
Quito Personaje aludido:
ciudadanía
Me gusta: 18
Me divierte: 2
Me encanta
Me enoja: 2
Me entristece
El post no genera mayor
interacción ni interés, pese
a que es un tema de
inclusión social en la
propuesta del Municipio
Total: 22
Tabla 1 Modelo de análisis de post de Facebook
Fuente: (Romero & Medranda, 2021)
Finalmente, se aplicó una encuesta a 588 personas que forman parte de un universo total de
5326 que conforman la Universidad Estatal Amazónica, en calidad de docentes, estudiantes
y personal administrativo, utilizando la escala de Likert para su valoración, con la finalidad
de conocer el grado de satisfacción sobre la información publicada en la página web.
4. Resultados
Para En primera instancia se aplicó entrevistas a cuatro personas, tres dirigidas a las
autoridades, entre ellos al Dr. Carlos Manosalvas, vicerrector Administrativo; Daniel
Mantilla, director de Talento humano y a la Ing. Pamela Arias, Coordinadora de Contratación
pública, quienes respondieron a varias interrogantes respecto a la transparencia en la
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institución, procesos de adquisición de bienes y rendición de cuentas; y una correspondientes
al gremio de estudiantes, con quien se levantó información sobre la rendición de cuentas,
conocimiento sobre la LOTAIP y el cumplimiento del derecho de acceso a la información en
la Universidad Estatal Amazónica.
Respecto a la primera interrogante: Tomando en cuenta que el Ecuador tiene un marco legal
que garantiza el derecho al acceso a la información pública a los ciudadanos, ¿Cree usted que
se cumple con esta ley en la Universidad Estatal Amazónica? Los tres entrevistados
(Manosalvas, Mantillas y Arias) coinciden en que sí se cumple con este derecho ya que la
institución pública la información de acuerdo a la normativa, es decir en el Portal de Compras
Públicas y la página web de la Universidad, tanto los procesos de adquisición de bienes y
servicios, como contratación de obras y consultorías; además de realizar el seguimiento a las
solicitudes de información recibidas.
En la segunda pregunta se observa una diversidad de opiniones sobre si la publicación del
proceso de adquisición de bienes o servicios en el portal de Compras Públicas garantiza la
transparencia en los concursos y previene la corrupción. Carlos Manosalvas sostiene que
ayuda significativamente a transparentar los procesos, aunque subraya la necesidad de un
control interno en cada institución para prevenir prácticas corruptas. Por otro lado, Pamela
Arias argumenta que, si bien la publicación en el portal brinda acceso a los ciudadanos
interesados, no asegura la transparencia debido a requisitos "direccionados". Además, Daniel
Mantilla destaca que las herramientas del Sistema Nacional de Contratación Pública permiten
evidenciar cada etapa del proceso, promoviendo la honestidad y la prevención de la
corrupción.
Al abordar la tercera pregunta sobre la transparencia en el manejo de los recursos, Carlos
Manosalvas opina que la rendición de cuentas es valiosa, aunque insuficiente. Reconoce su
papel en la divulgación de la gestión, pero destaca la necesidad de una mayor socialización,
abogando por una difusión adecuada desde instituciones pertinentes como la Defensoría del
Pueblo. Pamela Arias coincide en la insuficiencia, señalando que, aunque se cumple con la
normativa, falta especificidad en los objetos de contratación. Destaca su esfuerzo por detallar
las compras y su propósito. Mientras tanto, Daniel Mantilla enfatiza que el proceso de
rendición de cuentas está regulado y la información se proporciona según los requisitos
establecidos, tanto en la presentación como en los documentos entregados al ente
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responsable.
En referencia a la interrogante: ¿Cree usted que la información subida por la Universidad a
la página Web institucional evita o al menos disminuye la corrupción en el sector público?
Los tres entrevistados coinciden en que sí, porque la Universidad pública la información, los
procesos de contratación de acuerdo a los parámetros establecidos en la LOTAIP, lo que
permite transparentar los procesos, lograr la participación de los proveedores y, con ello,
evitar la corrupción. Destacan la gestión transparente de la Universidad con la
implementación de un sistema de gestión documental para hacer públicas las resoluciones
del Consejo Universitario, cuya información está al alcance de todos.
Al preguntar sobre: Si en teoría, los procesos de adquisición de bienes y servicios son
públicos y vigilados por los entes de control, ¿Por qué continúan saliendo a la luz casos de
corrupción y enriquecimiento ilícito? Carlos Manosalvas señala que en Latinoamérica hay
ese dicho popular: “hecha la ley, hecha la trampa”. La persistencia de casos de corrupción y
enriquecimiento ilícito a pesar de la vigilancia de los entes de control plantea interrogantes
sobre la eficacia de los procesos de adquisición de bienes y servicios. Carlos Manosalvas
reflexiona sobre el dicho popular latinoamericano "hecha la ley, hecha la trampa",
lamentando la necesidad de normativas para prevenir la corrupción. Destaca que el exceso
de regulaciones puede complicar la ejecución de los procesos y que la verdadera solución
radica en la educación y los valores éticos, señalando la importancia de formar profesionales
íntegros en las universidades. Pamela Arias recuerda casos durante la emergencia del Covid-
19 donde los proveedores no eran idóneos, evidenciando fallos en el análisis de ofertas y
proveedores, lo que pone en duda la transparencia del proceso. Cuestiona la supervisión de
funcionarios corruptos y enfatiza la necesidad de que la contratación sea transparente desde
el principio, señalando que todo depende de los funcionarios. Daniel Mantilla menciona
casos mediáticos de corrupción desde el inicio, sugiriendo que pueden deberse a necesidades
no institucionales y a acuerdos poco transparentes con proveedores específicos.
Al solicitar una recomendación para que realmente haya transparencia y participación y que
se cumpla el objetivo de evitar la corrupción, Carlos Manosalvas considera que es necesario
mejorar los procesos de educación, la formación, capacitación de los funcionarios no solo en lo técnico,
sino también capacitaciones en transparencia. Cree que hay que enfocarse en la formación, pero también
en sensibilización a los efectos negativos que esto puede generar. Pamela Arias recuerda que existe
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bastante jurisprudencia sobre la corrupción, pero apunta que sería necesario un Código de
ética de funcionarios y proveedores para que todos los procesos sean transparentes y
correctos. Además de ello, puntualiza que sería importante capacitar a los funcionarios en el
tema de compras públicas para que conozcan sobre las sanciones que pueden recibir al
incurrir en casos de corrupción. Daniel Mantilla añade que debe transparentarse, sobre todo, la
información que es más susceptible de ser presa de la corrupción.
Mientras tanto, en la entrevista a Vinicio Cox Caicedo, presidente del Parlamento Andino de
la Universidad Estatal Amazónica y representante de los estudiantes ante el Honorable
Consejo Universitario, al consultar si ¿Ha asistido a los eventos de rendición de cuentas de
la Universidad?, recuerda que la última vez que asistió a este evento fue de manera virtual en
el 2021 y explica que a los programas anteriores no pudo asistir de manera presencial.
Respecto a si ¿Considera que la información que se difunde en la rendición de cuentas es
suficiente para transparentar el manejo de los recursos?, sostiene que no porque dentro de las
instituciones hay procesos que no se evidencia ante la ciudadanía y añade que en la rendición
de cuentas se da realmente una síntesis de lo que se hizo, pero cosas más específicas, más
complejas, que interesan a la ciudadanía y estudiantes, no se pueden reflejar.
Al preguntar sobre si, Alguna vez, el gremio al que representa ha sido invitado a un foro,
charla, ¿capacitación sobre el derecho al acceso a la información pública y participación
ciudadana por parte de la Universidad? reconoce que no, pero añade que de parte del
Parlamento Andino sí ha sido invitado a eventos y socializaciones de ese tipo.
Al indagar sobre si ¿han presentado alguna vez una solicitud de acceso a la información
pública en la Universidad, como gremio? explica que lo realizaron el semestre anterior,
referente a los laboratorios de radio y televisión de la carrera de Comunicación, y que el
rector proporcionó documentos correspondientes al proyecto, manejo de recursos y la
previsión de la implementación del mismo.
Sobre la interrogante ¿Cree usted que la información subida por la Universidad a la página
Web institucional evita o al menos disminuye la corrupción en el sector público?, apunta que
sí, la evita y la disminuye, “porque muchas veces en este tipo de instituciones educativos,
donde están inmersos muchos actores sociales y estudiantes, es muy fácil que se corran
ciertos rumores y cuentos, por lo que la publicación ayuda a que la ciudadanía se informe y
que no haga suposiciones, lo cual es importante para saber cómo se están manejando los
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recursos, qué proyectos e iniciativas se están haciendo a favor de la academia y de los
estudiantes.
De la misma forma, Tomando en cuenta que el Ecuador tiene un marco legal que garantiza
el derecho al acceso a la información pública a los ciudadanos, ¿Cree usted que se cumple
con esta ley en la Universidad Estatal Amazónica? Enfáticamente, sostiene que sí se cumple,
porque la rendición de cuentas se da de manera anual, a la interna de los procesos
burocráticos. Aunque observa que ciertas cosas, referentes a glosas, por ejemplo, no se
conoce, pero sí se da una síntesis de los resultados o conclusiones finales.
Para finalizar el diálogo, se consultó al representante estudiantil ¿Cómo podemos esperar que
se transparente y que se haga justicia en los casos de corrupción si las mismas autoridades de
control están involucradas en casos ilícitos?, ante lo cual puntualiza que, en el caso de la
Universidad, Municipios, Junta Parroquial, la ciudadanía tiene que ser veedora y supervisora,
para prevenir evitar quejas ante los casos de corrupción que se registren. Considera muy
importante no solamente reclamar, sino también proponer soluciones y acciones que logren
evitar la corrupción; para lo cual plantea que como estudiantes deben estar más empapados
para exigir con argumentos que se realicen acciones referentes a la transparencia y a evitar
la corrupción.
De este diálogo mantenido con las autoridades, funcionarios y representante estudiantil de la
Universidad Estatal Amazónica, se desprende que las autoridades y funcionarios de la
institución conocen a profundidad la normativa ecuatoriana sobre el derecho de acceso a la
información pública, pues desde cada una de sus funciones realizan el seguimiento
correspondiente para que se muestre a la ciudadanía, a cabalidad, lo establecido en el art. 7
de la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública, así como todo el proceso de
contratación en la adquisición de bienes y servicios.
En las próximas líneas se muestran los resultados de la aplicación de la metodología
Infoparticipa en el análisis de los contenidos publicados por la Universidad Estatal
Amazónica en su página web. El levantamiento de información se realizó el 13 de marzo de
2024.
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Ilustración 1 Análisis de contenido de Facebook
Como parte de las técnicas de investigación, se realizó el análisis de contenido de 10
publicaciones de la página de Facebook: Universidad Estatal Amazónica, obteniendo los
siguientes resultados:
Tabla 2 Análisis de post de Facebook
Post analizados: 10
Reacciones y compartidos
Análisis de post y
comentarios
Fecha: 13/02/2024 al 13/03/2024
Comentarios: 102
Compartidos: 248
Tipo de post: video/imagen
Tonalidad del mensaje: gestión de
proyectos, prácticas experimentales,
evaluación de competencias, becas,
proceso de admisión, convenios,
seguridad.
Emisor: Universidad Estatal Amazónica
Personaje aludido: comunidad
universitaria
Me gusta: 1044
Me divierte:2
Me encanta:135
Me importa: 9
Me enoja: 2
Me asombra:2
Me entristece: 3
Las publicaciones
tienen alta
interactividad debido a
que trata temas de
interés de la comunidad
universitaria.
Total: 1547
Fuente: Página de Facebook Universidad Estatal Amazónica.
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Los post analizados hacen referencia a temas de gestión de proyectos, prácticas
experimentales, evaluación de competencias, becas, procesos de admisión, convenios
interinstitucionales, seguridad, capacitación, día de la mujer, en los que se puede apreciar alta
interacción en la mayor parte de las publicaciones. Se evidencia, también, una gran cantidad
de comentarios, especialmente, solicitando información sobre los procesos de becas y
admisión, en relación a la coyuntura nacional de calificación de pruebas y asignación de
cupos. A la vez, los post presentan comentarios positivos y veces compartidas, evidenciando
una alta reputación on-line de la institución, considerando la retroalimentación que se brinda
a las inquietudes y comentarios expresados en este espacio.
Existe una clara fortaleza en la comunicación de la Universidad a través de esta plataforma;
sin embargo, no se brinda respuestas a inquietudes de estudiantes de las otras sedes
universitarias respecto a las condiciones de los laboratorios, así como a la falta de apoyo de
la institución para el desarrollo de actividades de aprendizaje fuera de las instalaciones de la
misma. Esto muestra la gestión centralizada en comentarios positivos y bajo interés en las
apreciaciones negativas de la comunidad universitaria, siendo esta la base principal de la
participación ciudadana para la mejora de la gestión y los servicios que brinda la institución.
Dentro del proceso de investigación para el desarrollo del presente artículo, se aplicó
encuestas a la comunidad universitaria: estudiantes, docentes y personal administrativo de
las diferentes facultades de la sede El Puyo, en la que participaron mujeres y hombres, en
edades entre los 18 y 66 años. Aquí los resultados:
En referencia a los medios a través de los cuales la comunidad universitaria conoce de las
actividades o proyectos de la Universidad, la red social Facebook ocupa el primer lugar,
seguido de la página web, whatsApp y boca boca, como se muestra en la gráfica.
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Ilustración 2 Encuesta pregunta 1
Siendo el medio dominante, la institución utiliza Facebook como el principal espacio de
interacción con la comunidad universitaria y el público externo, interesado en formar parte
de ella.
En relacion a la frecuencia con la que la comunidad universitaria busca información en la
página web, el 32,5% busca frecuentemente, seguido de ocasionalmente con 29.1%, muy
frecuentemente 21,1% y 14,6% rara vez.
Ilustración 3 Encuesta pregunta 3
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De los resultados, se desprende que este espacio digital tiene alto tráfico en la comunidad
universitaria. En cuanto a la utilidad de la información que presenta la web institucional, el
43,2% considera útil a la información, el 26,9% muy útil, el 22,6% regular en utilidad.
Ilustración 4 Encuesta pregunta 4
En ese sentido, es positiva la valoración para la calidad de información que se presenta en
este espacio digital.
Se evidencia una percepción positiva respecto a la publicación de información detallada y
completa, pues el 43, 5% está de acuerdo, el 19,2% está muy de acuerdo, mientras que el
27,2% se percibe como neutral (ni en acuerdo, ni en desacuerdo).
Ilustración 5 Encuesta pregunta 6
En referencia a considerar si la información subida a la página web de la Universidad evita
o al menos disminuye la corrupción en el sector público, el 39,6% está de acuerdo, el 13,3%
muy de acuerdo, mientras que el 34,7% no está de acuerdo ni en desacuerdo, el 9% en
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desacuerdo y un pequeño porcentaje muy en desacuerdo.
Ilustración 6 Encuesta pregunta 9
De la gráfica se desprende que existe opinión favorable sobre la premisa ya que más del 50%
de la población consultada está de acuerdo y muy de acuerdo en que la información subida
en la web ayuda a disminuir o evitar la corrupción; aunque existe un alto porcentaje de
percepción neutral y en desacuerdo.
El 36,9% considera como verdadero, 12,9% completamente verdadero, mientras que el
35,7% ni verdadero ni falso, respecto a la interrogante de si la información difundida en la
Rendición de cuentas es suficiente para transparentar el manejo de los recursos públicos.
Ilustración 7 Encuesta pregunta 10
Casi la mitad de la comunidad universitaria encuestada considera que la informacion que se
difunde en la rendición de cuentas es suficiente para transparentar el manejo de los recursos
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públicos, pero un procentaje considerable se mantiene en una posicion neutral y hacia lo
falso.
5. Discusión
Partiendo del hecho de que la página web es el principal objeto de estudio de esta
investigación, al ser el espacio para legitimar la democracia a través del acceso a la
información pública y la participación ciudadana, el análisis del contenido realizado
evidencia que la información se concentra en el presupuesto institucional, las remuneraciones
mensuales y los nombres de las empresas que han incumplido contratos con la institución;
detectando la inexistencia de mecanismos para la participación ciudadana, como formularios
para la presentación de quejas, sugerencias y comentarios sobre la gestión institucional,
indispensables para mejorar la comunicación entre la comunidad universitaria y la
institución.
Si bien las autoridades conocen la normativa legal para garantizar los derechos de acceso a
la información pública y participación ciudadana, evidenciada durante las entrevistas, al
vigilar su cumplimiento de acuerdo a formatos y tiempos establecidos por los entes de
control; la página web contiene la información que establece estrictamente la LOTAIP, pero
en ninguno de sus apartados se encuentra mecanismos o entes de participación como:
diálogos periódicos de deliberación, consejos consultivos, comités consultivos de la
educación superior, audiencias públicas; datos corroborados con el Informe de Rendición de
cuentas del año 2022 presentado por la Universidad al Consejo de Participación Ciudadana
y Control Social.
De acuerdo a los resultados de las encuestas, la web institucional registra un alto tráfico de
visitas de la comunidad universitaria, al ser el segundo medio a través de los cuales conocen
sobre los proyectos ejecutados por las autoridades y al presentar información útil; sin
embargo, registra un nivel medio de dificultad al momento de encontrar la información. Esto
en razón de que los formatos establecidos para el cumplimiento de los parámetros de
transparencia no son inteligibles para la ciudadanía. Ello evidencia la necesidad de facilitar
el acceso a la misma, considerando que tanto los entrevistados como los encuestados
coinciden en que la información subida por la Universidad a la página web evita o al menos
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disminuye la corrupción en el sector público.
Pese a que las autoridades de la Universidad gozan del conocimiento sobre los derechos de
participación ciudadana y acceso a la información pública, reconocen que hace falta
socialización y difusión de la rendición de cuentas como mecanismo de participación
ciudadana y control social, tanto de la institución como de parte de la Defensoría del Pueblo
y el Consejo de Participación ciudadana, al evidenciar que existe poca concurrencia a los
eventos formales de rendición de cuentas. A esto se suma el limitado conocimiento e interés
del dirigente estudiantil sobre la normativa y participación en este evento, como se pudo
constatar durante la entrevista, pese a considerar que la información que se difunde en la
rendición de cuentas es insuficiente para transparentar el manejo de los recursos públicos,
pues se brinda solamente una síntesis de la gestión, dejando de lado temas específicos que
pueden ser susceptibles a la corrupción; argumento con el que coinciden el resto de
entrevistados.
Al realizar el estudio de la fan page: Universidad Estatal Amazónica, como parte del análisis
de la multiplataforma de esta institución, se evidencia que es el principal medio utilizado por
la comunidad universitaria para conocer las actividades y proyectos ejecutados. Este espacio
digital presenta temas de gestión de proyectos, prácticas experimentales, becas, procesos de
admisión, seguridad, capacitación; temas que resultan de gran interés, expresados en la
cantidad de interacciones en cada post. Se suma, también, los comentarios positivos y la
retroalimentación a los mismos, dando muestra de la fortaleza en el manejo de esta red social.
No obstante, se muestra una gestión centralizada en comentarios positivos, pues las
inquietudes sobre las condiciones de laboratorios y falta de apoyo institucional al desarrollo
de actividades estudiantiles no son atendidas en este espacio, es decir, no reciben respuesta.
Por tanto, pese a tener una gran fortaleza en la reputación on-line, la Universidad Estatal
Amazónica no abre espacios para promover la participación ciudadana en este medio, en
virtud de que no acoge sugerencias u opiniones sobre la gestión institucional, evidenciado en
un mes de seguimiento a las publicaciones.
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6. Conclusiones
La legislación ecuatoriana garantiza a los ciudadanos el derecho a participar y acceder a
información para ejercer control sobre el manejo de los recursos públicos y evitar la
corrupción. Sin embargo, al finalizar este estudio se concluye que en la Universidad Estatal
Amazónica el cumplimiento es relativamente bajo.
La Ley de Transparencia y acceso a la información pública exige la difusión de la
información sobre la gestión, proyectos, presupuestos, mecanismos de participación, entre
otros, a través de la página web institucional. La Universidad cumple con la puesta en escena
de los parámetros de transparencia establecidos en el art. 7 de la LOTAIP; pero los expone
en formatos indescifrables por la ciudadanía común, dado que no solo la información es
incomprensible, sino que además los links para la descarga no funcionan; lo que limita el
derecho a la participación al no poder verificar y contrastar los datos. A la vez, el énfasis en
la difusión de información se concentra en la red social Facebook, al ser la principal fuente
de información de la comunidad universitaria. Se concluye, además, que la página web
institucional no cumple con los indicadores mínimos de transparencia e información para la
participación, según la aplicación de la Metodología Infoparticipa, limitando el acceso al
conocimiento de reformas presupuestarias, ofertas laborales, así como espacios para valorar
los servicios, presentar quejas, opiniones o sugerencias sobre la gestión y necesidades
estudiantiles, que podrían ser el eje para el fortalecimiento de la educación superior, la
democracia y la comunicación en la Universidad Estatal Amazónica.
A pesar del cumplimiento de la normativa legal y parámetros sobre rendición de cuentas, la
información difundida en el evento formal es considerada como insuficiente para
transparentar el manejo de los recursos públicos, en opinión de los cuatro entrevistados,
quienes plantean la necesidad de fortalecer la educación y sensibilización sobre los efectos
de la corrupción en la sociedad; así como la difusión y socialización de este evento debido a
la baja asistencia de público. Esto evidencia, por un lado, el cumplimiento meramente formal
de esta obligación de las instituciones públicas y, por otro lado, el desconocimiento y
desinterés de la comunidad universitaria sobre los derechos de acceso a la información
pública y participación ciudadana en el escrutinio y control social sobre la gestión de la cosa
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pública.
Conflicto de Intereses
Los autores declaran que este estudio no presenta conflictos de intereses y que por tanto, se ha seguido
de forma ética los procesos adaptados por esta revista, afirmando que este trabajo no ha sido publicado
en otra revista de forma parcial o total.
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